Editorial

Poco a poco los indicadores internacionales auguran la salida de la crisis económica-financiera que tan duramente nos ha golpeado. Una de sus consecuencias más directa, ha sido el empobrecimiento de los países occidentales y el auge de fenómenos de exclusión social y pobreza que se tenían por aislados en sociedades “desarrolladas”. A raíz de ello, ha surgido una mayor sensibilización de la sociedad, y en concreto de los partidos políticos, aunque especialmente en los periodos electorales, en los que los partidos políticos se afanan en destacar sus proyectos sociales buscando convertirse en los adalides de la justicia social.

Unos y otros, de izquierda y derecha, liberales y progresistas, tratan de ganar un terreno político sin el cual se hace difícil ganar unas elecciones en los tiempos que corren. En aras de ese afán, se tiende a englobar en políticas sociales todo tipo de medidas y recursos que en algunos casos poco tienen que ver con la mejora de las necesidades básicas de las personas y el desarrollo del Estado de Bienestar. En gran parte de las ocasiones se tienden a proponer programas de olvidando las políticas públicas familiares, que son  las que inciden verdaderamente sobre la célula básica de la sociedad y que constituyen el verdadero centro de cohesión social de la sociedad, perdiéndonos, en programas variopintos fruto de una mala planificación y falta de criterio a la hora de elaborarlos.

Los datos más recientes nos sitúan en la cola de los países europeos en cuanto a ayudas directas a las familias. Según los estudios más recientes,  España  apenas  destina  el  5,19%  de  todas las prestaciones sociales a la familia, lo que representa el 1,3% del PIB Nacional, muy alejado de la media europea situada en el 2,2%. De cada 19 euros que se destinan a gastos sociales, tan sólo 1 euro se dedica a políticas familiares. Para que nos hagamos una idea, una familia española necesitaría tener ocho hijos y ganar menos de 30.000 euros al año (ambos cónyuges) para tener  las  mismas  prestaciones  que  una  familia  en  Alemania  con  dos  hijos  y  sin  límite  de ingresos.

No es necesario despilfarrar recursos públicos, y menos aun cuando nuestras economías tratan de salir de una crisis económica acuciante, sino de ser creativos, priorizar, y fiscalizar el gasto para evitar el mal uso que pudiera darse. Esas políticas deben articularse dentro de un relato político que bajo el prisma del Bien Común busque mejorar la sociedad.

Nos sumamos a una demanda histórica de las familias numerosas: la universalización de las ayudas  para que no sea necesario encontrarse en una situación extrema para poder optar a ellas, eliminando por tanto las limitaciones de ingresos restrictivas, una universalización,  presente en dos de cada tres países europeos (UE28). No es de recibo que con nuestros impuestos se priorice y subvencione la cultura alternativa (cine…), sindicatos, patronal, partidos políticos, etc. y la célula básica de la sociedad haya quedada relegada al olvido.

Por todo ello, instamos al Gobierno de la Nación a tener presente la necesidad e importancia de la familia a la hora de legislar, y especialmente a evaluar si la perspectiva de familia está presente en el día a día de la Administración.

@FDHumana