Invisibles y vulnerables

Artículo de Opinión de Javier Puente publicado en El Debate (16 de abril de 2023)

Debate en el PP: invisibles y vulnerables. 

Importante abrir el debate. Lo agradezco y expongo mi visión como representante del PP en el Senado por Cantabria. 

El hecho de que varias famosas hayan recurrido a tener hijos gracias a los vientres de alquiler ha reabierto uno de los varios debates a tener en nuestro país, no podemos abandonar el debate cultural. Tengo una opinión clara al respecto, pero la reciente justificación de una ‘celebrity’ al vientre de alquiler me ha terminado de convencer. Igualmente la multimillonaria Paris Hilton ha confesado que recurrió a estas prácticas para tener un hijo porque le “aterrorizaba” el hecho de someterse a un parto. Eso sí, no le afecta en absoluto que sea otra mujer quien, por un puñado de dólares, se someta al dolor que ella no quiere pasar.

Vivimos en una sociedad donde todo vale con tal de esquivar el dolor y el sufrimiento, cuando muchas veces es el dolor lo que forja un amor auténtico o una relación permanente. La óptica personal, muchas veces egoista, se impone sobre el sufrimiento ajeno, que se trata de mantener oculto. 

Antes que político soy marido y padre de tres hijos. Me toca pensar en su futuro y no quiero una sociedad donde todo quede a la merced del más poderoso. Eso sí que me aterroriza. Mi obligación es defender a quienes no tienen quienes les defiendan, a quienes no han recibido la herencia millonaria de un padre o han saltado a las estrellas gracias a sus negocios o actuaciones. Debo pensar en esas madres, sean españolas o extranjeras, que ofrecen ese sufrimiento del parto a cambio de dinero.

Hay quienes aplican un razonamiento ultraliberal, planteando que se trata de un acuerdo libre. Pero no todo se puede comprar o vender. Nadie puede tomar a alguien como esclavo, a cambio de dinero, porque así pueda mantener a una familia en la pobreza extrema. Y puede haber gente que lo acepte, pero no es lo que quiero para la sociedad futura donde vivan mis hijos.

Creo, como legislador y como representante de los cántabros, que es preciso partir de unas premisas morales a la hora de legislar y que van en línea con el debate abierto en el partido:

a) Cualquier persona que resida en España debe poder tener una vida digna. Nadie debe sentirse abandonado a su suerte en lo que se refiere a sus necesidades básicas. Tampoco es legítimo recurrir a la explotación de mujeres que viven en el extranjero para mercantilizar su cuerpo.

b) La familia es una institución de altísima utilidad y eficacia social, que merece protección y apoyo público para cumplir su impagable labor desde el espacio privado. Es la forma de vida libremente elegida por la inmensa mayoría de los españoles sea cual sea la ideología de quienes la integran y la situación concreta que atraviese. Por ello creo firmemente en la necesidad de apoyarla. 

c) Los niños no son una propiedad, un derecho de alguien externo. La maternidad no se puede convertir en un negocio y someter a las personas más pobres a concebir para otros.

d) Defensa de la vida. El poder político tiene la obligación de actuar siempre favoreciendo la conservación de la vida humana. Nadie debe ignorar la complejidad moral de cada caso, ni olvidar nunca el respeto que cualquier persona merece sea cual sea su circunstancia, pero el aborto no debe entenderse ni como un derecho ni como un fracaso personal, sino como un fracaso de la sociedad. Por eso tiene todo el sentido promover activamente políticas públicas de apoyo a la mujer embarazada, especialmente para las más vulnerables. Debemos garantizar que sea real su decisión a ser madre, para proteger su libertad, para que cuenten con opciones viables, conocidas y adecuadamente financiadas para llevar adelante su embarazo; y por eso también considero tiene sentido promover los cuidados paliativos, y proteger la objeción de conciencia de cualquier persona afectada por la regulación sobre eutanasia.

Javier Puente Redondo 

Senador del PP por Cantabria

Los vientres de alquiler no pueden normalizarse

Tribunas de Opinión publicada por Gari Durán en El Español (2 de abril de 2023)

Portada en ¡Hola!
Ha vuelto el tema.

Déjenme que les cuente algo con poco glamur.
En verano de 2014, la prensa internacional se hizo eco de la historia de la joven tailandesa Pattaramon Chambua.
Una pareja australiana la contrató como vientre de alquiler. Se quedó embarazada de gemelos y en una revisión se supo que uno de ellos tenía síndrome de Down.

La pareja le exigió que abortase a ese bebé, pero ella se negó. Tras el parto, los australianos se llevaron al niño «sano» y ella se quedó con el bebé «defectuoso».
La suerte de Gammy (así se llama ese niño) fue que su madre viviese en Tailandia y no en California, Canadá o la Ucrania prebélica. De haber sido así, Chambua se hubiera visto obligada a abortar contra su voluntad porque en ese caso, en el contrato se hubiese especificado claramente que no podía tomar ninguna decisión respecto a los fetos que gestase o sobre cualquier otro aspecto de su vida que, según el criterio de los compradores, tuviese que ver con el embarazo.

Es cierto que el precio de un vientre de alquiler en California o Canadá puede llegar a los 150.000 euros, lejos de los 11.000 que se pagaron en Tailandia en este caso y de los 30.000 que pueden abonarse en la India y otros países del sudeste asiático.

Por supuesto, tanto en la versión premium como en la low cost, lo que perciben las mujeres está muy, muy lejos de cualquiera de esas cantidades (un 0’5% en el mejor de los casos). 

Conocí a Pattaramon Chambua y a su marido en 2016. Ni por asomo se habían arrepentido de su decisión, y parecían felices con Gammy.

Me dirán que hago trampas utilizando este ejemplo, llamémosle negativo, para posicionarme respecto a los vientres de alquiler. Pero lo mismo podría decir de quienes ilustran su opinión o la línea editorial de su periódico o revista con los rostros de felicidad de quienes han logrado cumplir su deseo de una paternidad o maternidad que la naturaleza les negaba.

Y no, no es una situación excepcional. Porque nada lo es en un negocio que mueve más de 6.000 millones de dólares al año en todo el mundo y en el que la clave está en la vulnerabilidad de mujeres con pocos o ningún recurso económico.

Un negocio muy lucrativo que consiste en que quien tiene dinero paga por ser padre, y quien no lo tiene recibe una compensación por ser madre de un hijo al que deberá renunciar.

Advertencia previa. Me da igual si es Ana Obregón quien ha recurrido a esa práctica o si han sido Javier Cámara, Miguel Bosé, Elton John, Ricky Martin o la baronesa Thyssen.

Tampoco me importa que sea la izquierda quien se oponga a ella por mucho que yo no coincida en casi nada con esa opción política. Pero es que no soy sectaria.

Eso sí, no puedo resistirme a denunciar la obvia contradicción de sostener la incontestabilidad del derecho de la mujer a su propio cuerpo en el caso del aborto, y no en el de la posibilidad de alquilar su útero.

De que hablen de «ser humano» cuando se refieren a su compraventa, pero no cuando lo hacen de su asesinato.

Si para la izquierda cualquier deseo (por minoritario que sea) puede convertirse en derecho, y es lícito forzar a la naturaleza para que ese deseo se cumpla por absurdo que sea y por mucho que sus consecuencias sean un despropósito (sí, me refiero a la Ley Trans), me sorprende que se oponga al de quienes, no pudiendo, quieren ser padres.

Pero como diría Pablo Iglesias, en el caso de la izquierda «hay que cabalgar contradicciones».

En cualquier caso (como ocurre, por cierto, con el aborto), al hablar de vientres de alquiler se recurre a eufemismos («maternidad subrogada», «gestación por sustitución») para esconder lo feo, para tapar la realidad. En este caso, la deshumanización de dar por bueno el comercio del cuerpo de la mujer y la compraventa de seres humanos para todo aquel que quiera y esté dispuesto a pagar el precio.

A cambio, este puede exigir (como de hecho ocurre en los países en los que está permitido, y como es lógico en toda transacción comercial), unos estándares de calidad del producto adquirido, empezando por la selección de la madre y finalizando con el niño objeto de la transacción.

Sin embargo, no creo que se pueda reducir la esencia de una mujer a su útero, y convertirlo en un espacio sujeto a compraventa. Tampoco pretender que una mujer se disocie de la experiencia de la maternidad (créanme, es imposible) sólo porque se trata de una transacción comercial.

No creo que el vínculo que se establece entre madre e hijo durante el embarazo se pueda obviar si se trata de un negocio, más o menos consentido. Y creo que es ridículo pretender que no tenga consecuencias en la mujer y en el niño, como si por el hecho de haberse fijado un precio, la maternidad se convirtiese en algo inocuo para ambos.

De hecho, no se trata de una práctica exenta de riesgo, porque la gestación y el parto nunca lo son. Tampoco desde el punto de vista psicológico. Ni para una madre que durante nueve meses lleva en su seno a un hijo al que ha renunciado de antemano, ni, posiblemente, para el niño.

Me dirán que defiendo la adopción cuando se produce un embarazo no deseado y que lo anterior podría aplicarse también a ese hecho. Pero es que en esa situación se trata de salvar una vida a la que, de otro modo, se le va a poner fin. Y ese no es el caso de los vientres de alquiler.

Acabo. Si hay acuerdo entre ambas partes, ¿a quién le importa? Si se regula en España, se evitarán las situaciones de explotación que se dan en otros lugares. Si no lo quieres hacer, no lo hagas, pero no prohíbas a los demás hacerlo. Si la ciencia lo permite, ¿por qué oponerse? Si ya existe, hay que ir con el signo de los tiempos. Eso es lo moderno.

No se engañen. Todas estas consideraciones pueden valer para cualquier práctica, por aberrante que ahora mismo parezca.

Elijan la que más les desagrade. Entonces quizá entiendan por qué no pueden normalizarse los vientres de alquiler.

El apoyo a la familia: una política de Estado

Artículo de Opinión de Luis Peral publicado en el Debate (23 de marzo de 2023)

No sólo el fomento de la natalidad sino otras muchas necesidades familiares dependen de que el apoyo a la familia reciba una adecuada atención dentro del gasto público.

Un avión de combate perseguido por misiles guiados por fuentes de calor debe lanzar señuelos para evitarlos. De igual forma, la izquierda que nos gobierna (por decir algo amable) ha intentado con el debate de las familias numerosas desviar el foco de la opinión pública de sus terribles errores en la ley del ‘sólo sí es sí’, en la ley trans, en el entreguismo al separatismo catalán y a los herederos políticos de ETA, en la nefasta gestión de la Seguridad Social y de los fondos europeos y en tantos otros desaciertos que sin duda le pasarán factura en las diversas elecciones de este año 2023.

De puertas afuera, la izquierda radical y plural menosprecia a la familia, matiza su definición y tiñe de ideología su concepto del grupo humano más primigenio y natural. Ahora bien, cuando se trata de sus propias familias es muy difícil emular el desvelo de algunas personas de esa izquierda en promover su avance económico y social, un desvelo en el que algunos han perjudicado sus propias carreras políticas tras colocar o subvencionar a familiares de sangre o políticos.

Por encima de debates coyunturales y de ocurrencias grotescas (como llamar a la madre de toda la vida «progenitor gestante»), el apoyo a la familia, y en un grado especial a las familias numerosas, debería ser una política de Estado, en la que concurriesen todos los partidos políticos. Es algo imprescindible para hacer frente al reto demográfico, al envejecimiento de la población y a la sostenibilidad del sistema de pensiones, del gasto en sanidad y del estado de bienestar en general.

Así se entendió en Francia, donde, tras décadas de regresión demográfica, se inició en 1938 una política de apoyo a la familia que mantuvieron los sucesivos Gobiernos, cualquiera que fuese su ideología, con resultados muy positivos: la tasa de fecundidad se elevó hasta 2,01 hijos por mujer. Con el presidente socialista François Hollande (2012-2017) ese apoyo a la familia se restringió: se limitaron las subvenciones familiares en función de los ingresos, se redujeron las deducciones fiscales a la familia y los permisos familiares. Sin embargo, la tasa de fecundidad de Francia sigue siendo la más elevada de la Unión Europea, con 1,87 hijos por mujer.

Ilustración: inversion familias
Paula Andrade

También los países escandinavos han apostado por el apoyo a la familia y sus tasas de fecundidad lo acreditan: Suecia 1,76, Dinamarca 1,73 y Noruega 1,56 hijos por mujer (según datos de Eurostat del año 2021). Otros países como Irlanda (1,75 hijos por mujer) mantienen una natalidad elevada. Es destacable cómo varios países que sufrieron la tiranía del comunismo durante más de cuatro décadas están consiguiendo fomentar con éxito la natalidad. Desde 2015 a 2021, la tasa de fecundidad ha aumentado en la República Checa en un 18 por ciento (hasta 1,71 hijos por mujer), en Hungría en un 16 por ciento (hasta 1,55), en Eslovaquia en un 15 por ciento (hasta 1,54) y en Polonia en un 10 por ciento (hasta 1,46).

Frente a estos datos positivos es desolador constatar que la tasa de fecundidad en España ha descendido de 1,32 hijos por mujer en 2015 a 1,26 en 2021, la segunda más baja de la Unión Europea, después de Malta (1,23).

No sólo el fomento de la natalidad sino otras muchas necesidades familiares dependen de que el apoyo a la familia reciba una adecuada atención dentro del gasto público. Según datos de Eurostat del año 2017, las diferencias en este asunto entre los países de la Unión Europea son muy grandes. Mientras Dinamarca destina a familias e hijos un 8,6 por ciento de su gasto público, Polonia un 6,5 por ciento, Suecia un 5 por ciento, Hungría un 4,4 por ciento y Francia un 4,2 por ciento, España es el penúltimo de los 28 países (sólo por delante de Grecia) con un 1,7 por ciento de nuestro gasto público destinado a familias e hijos, menos de la mitad de la media de la Unión Europea (3,8 por ciento).

Revertir el envejecimiento de una nación, evitar el invierno demográfico y garantizar las futuras pensiones y un estado de bienestar sostenible no son objetivos que puedan alcanzarse en un corto plazo. Requieren un esfuerzo mantenido a lo largo de muchos años en el apoyo público a la familia y a la natalidad y que en este compromiso de Estado participen las principales fuerzas políticas de España, sin distinciones ideológicas. Así ocurrió en otros países europeos, donde Gobiernos socialistas impulsaron el apoyo a la familia, comprometidos con el futuro de sus naciones y sin los melindres de género que sufrimos en España.

  • Luis Peral Guerra es economista y abogado

El latido de la libertad

Artículo de Opinión publicado por Luis Peral en El Debate (23 de enero de 2023)

En el aborto, como en todos los ámbitos de la vida, la información y la transparencia son la mejor garantía de una elección en libertad

Ante la polémica que se ha suscitado con el protocolo sobre información a la mujer embarazada propuesto por Vox en Castilla y León, me parece oportuno hacer una serie de consideraciones:

1. Oír el latido del corazón del ser humano que está en el seno materno es una experiencia irrepetible para los que la hemos vivido. Nunca olvidaré el galopar de aquel «caballito» que fue el primer mensaje que recibí de cada uno de mis hijos.

2. La mujer embarazada, y más si está planteándose seguir o no con su gestación, tiene derecho a recibir la información más completa sobre el ser humano, distinto de ella, que habita en su seno. No debería haber inconveniente alguno a que se le ofrezca escuchar el latido fetal de su hijo o hija.

3. Las comunidades autónomas no tienen más remedio que cumplir la lamentable legislación vigente sobre el aborto, pero nada les impide, dentro de sus competencias en Sanidad, establecer los protocolos de atención a las embarazadas que consideren oportunos. Y también pueden afirmar (¡faltaría más!) que la reducción del número de abortos es un objetivo deseable, para el que pueden promover medidas y ayudas públicas.

4. De hecho, el Partido Popular, mi partido, en su Congreso Nacional de Febrero del 2017 (con Mariano Rajoy de presidente y con Soraya Saénz de Santamaría de portavoz en el Congreso), aprobó sobre el aborto el siguiente texto en el punto 54 de la Ponencia Social: «El Partido Popular está firmemente comprometido en la defensa y protección del derecho a la vida. Por eso consideramos que el aborto no debe entenderse como un derecho, sino como un fracaso de la sociedad. Por ello, continuaremos desarrollando planes de apoyo a la maternidad para ayudar a aquellas mujeres que quieran ser madres. Estas medidas de ayuda se extienden a todos los ámbitos relacionados con la prevención, ayudas durante el embarazo, ayudas postparto, atención psicológica, seguimiento durante la maternidad, políticas que faciliten su acceso y reincorporación al mercado laboral, medidas de conciliación familiar, una mejor y mayor educación sexual y afectiva y ayudas económicas. Además, queremos garantizar que todas las mujeres embarazadas en situación de dificultad conozcan de manera efectiva todas estas medidas para poder llevar a cabo su embarazo con seguridad, dignidad y apoyo social; así como la más completa información sobre los riesgos del aborto. Por otro lado, impulsaremos que la Inspección de Trabajo vele para que ninguna mujer sea objeto de perjuicio o discriminación laboral por motivo de su embarazo o maternidad en el empleo vigente o en otro al que quiera optar». Este texto, aprobado en el último Congreso en el que se definió la ideología del PP, es plenamente vinculante para mi partido en el momento actual.

5. En Castilla y León, Vox ha actuado con una torpeza inconcebible. Si el protocolo sobre las embarazadas era importante, que para mí lo es, debería haberlo exigido en el acuerdo de Gobierno del año pasado. Si lo consideran importante ahora, en un Gobierno de coalición se hacen las cosas de otra manera, se negocia con el partido mayoritario y no se lanza uno al ruedo sin avisar al socio de Gobierno.

6. La modificación de la ley del aborto promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez, y por los radicales que le tienen intervenido, elimina el periodo de reflexión de tres días y el sobre informativo sobre ayudas a la mujer embarazada (que sólo se dará a petición de la mujer). Parece que los defensores de esta ley no quieren dar a esa mujer que va adoptar una gravísima decisión, de consecuencias irreversibles, una última oportunidad de cambiar de opinión. Se trata de un muy lucrativo negocio para los centros privados que representan el 84,3 por ciento de los abortos y en el que no existe un seguimiento posterior de las posibles secuelas psíquicas del aborto por parte de las clínicas privadas que lo practican.

Y parece que oír el latido de un ser humano indefenso es algo rechazable, al poder influir en la decisión de su madre. No se debe luchar con oscurantismo contra los avances de la ciencia y contra la ecología humana.

7. Los recientes datos sobre el aborto del Ministerio de Sanidad ponen de manifiesto que algunas personas están utilizando el aborto como un anticonceptivo más, lo que, en mi opinión, constituye un verdadero fraude de ley. En el año 2021, 3.935 mujeres abortaron por cuarta, quinta, sexta o más veces. ¿Debe el contribuyente financiar esos abortos repetitivos? No me parece defendible.

En el aborto, como en todos los ámbitos de la vida, la información y la transparencia son la mejor garantía de una elección en libertad.

  • Luis Peral Guerra es economista y abogado

Prohibido rezar

Artículo de opinión publicado por Gari Duran (@gariduran) en El Español (16 de abril de 2022)

En la España de gobierno socialcomunista, donde se demoniza al empresario incluso si su único capital es un taxi, los hay que tienen tanto peso e influencia como para conseguir que se modifique a su antojo el Código Penal por la puerta de atrás. Hablo de empresas privadas que reciben anualmente más de cuarenta millones de euros públicos (sólo de la Comunidad de Madrid, cuatro millones al año) y cuyo único objeto social, lejos de generar riqueza, es la destrucción. La de seres humanos en concreto. Cero retorno.
Me refiero a la red de abortorios privados ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo). Dicha asociación elaboró en 2018 un informe (basado en datos propios y que nadie se molestó en contrastar) en el que denunciaba el «acoso» al que se veían sometidas muchas mujeres que se dirigían a sus centros para que se les realizase un aborto.
El acoso al que aludían era (al parecer) la labor de voluntarios de organizaciones que proporcionan atención e información a las mujeres que se dirigen a esos centros acerca de alternativas que quizás desconocen. Incluso si finalmente toman la decisión de abortar, estas organizaciones se prestan
a darles su apoyo en el traumático trance posterior.
Pero también la labor de personas que, individualmente o en grupos reducidos, deciden rezar en las inmediaciones de estos centros. Gente, en definitiva, que a su entender molesta a sus clientes.
La demanda del lobby abortista encontró en el Ministerio de Irene Montero, pero también en el PSOE, la respuesta que deseaba. Una modificación del Código Penal con el que perseguir estas inoportunas conductas.
Para ello, se añadió un nuevo artículo el que se dice que «el que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad».
Nada que objetar si hablamos realmente de «obstaculizar» una práctica legal.
 Supongamos, incluso, que la ayuda que prestan los voluntarios de las organizaciones «provida» hace que las mujeres que acuden a los abortorios se sientan intimidadas. Se esté o no de acuerdo con esa apreciación, puede tener su lógica.
Sin embargo, los partidos del Gobierno y quienes les apoyan han ido más allá. Rezar, para ellos, entra dentro de esa definición de «actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos», única y exclusivamente porque es su opinión. Por tanto, rezar cerca de uno de esos centros debe conllevar pena de cárcel.


Que esta interpretación atente contra un buen número de derechos recogidos tanto en nuestra Constitución como en la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Carta Europea de Derechos Humanos, o incluso que no se encuentre en toda la legislación europea una prohibición similar, les importa poco.
Para esta ola de integrismo que nos azota desde las instituciones y desde la calle, los derechos esenciales son relativos y dependen de la interpretación que quieran darles o del colectivo al que ofenda su ejercicio.
Para Irene Montero resulta «perverso» hablar de rezar cuando en realidad «están acosando, perjudicando y dificultando el acceso de las mujeres» al derecho al aborto. Para la diputada de Unidas Podemos Marina Velarde «el rezo no es libertad de expresión si el fin que persigue es señalar y coaccionar».
Es decir, aquí lo que se juzga son las intenciones, el sentido subjetivo del rezo. Y con esos mimbres se pretende castigar a alguien con la cárcel.
La realidad es que ahora mismo en España la libertad de expresión, la de reunión, la de pensamiento, la de conciencia y la religiosa ya no son más que meros enunciados vacíos de contenido, sujetos a interpretación y susceptibles de ser revocados por la mera voluntad del legislador o por la fuerza, si tal o cual colectivo lo decide así.
Un día se impide presentar un libro porque ofende a alguien. Otro día lo que molesta es que alguien se manifieste. Al siguiente se censura una película porque vaya usted a saber. Y a partir del martes, se nos prohíbe rezar donde nos dé la gana. Los del negocio del aborto y las que se dedican a descifrar las creencias ajenas lo han decidido así.