El latido de la libertad

Artículo de Opinión publicado por Luis Peral en El Debate (23 de enero de 2023)

En el aborto, como en todos los ámbitos de la vida, la información y la transparencia son la mejor garantía de una elección en libertad

Ante la polémica que se ha suscitado con el protocolo sobre información a la mujer embarazada propuesto por Vox en Castilla y León, me parece oportuno hacer una serie de consideraciones:

1. Oír el latido del corazón del ser humano que está en el seno materno es una experiencia irrepetible para los que la hemos vivido. Nunca olvidaré el galopar de aquel «caballito» que fue el primer mensaje que recibí de cada uno de mis hijos.

2. La mujer embarazada, y más si está planteándose seguir o no con su gestación, tiene derecho a recibir la información más completa sobre el ser humano, distinto de ella, que habita en su seno. No debería haber inconveniente alguno a que se le ofrezca escuchar el latido fetal de su hijo o hija.

3. Las comunidades autónomas no tienen más remedio que cumplir la lamentable legislación vigente sobre el aborto, pero nada les impide, dentro de sus competencias en Sanidad, establecer los protocolos de atención a las embarazadas que consideren oportunos. Y también pueden afirmar (¡faltaría más!) que la reducción del número de abortos es un objetivo deseable, para el que pueden promover medidas y ayudas públicas.

4. De hecho, el Partido Popular, mi partido, en su Congreso Nacional de Febrero del 2017 (con Mariano Rajoy de presidente y con Soraya Saénz de Santamaría de portavoz en el Congreso), aprobó sobre el aborto el siguiente texto en el punto 54 de la Ponencia Social: «El Partido Popular está firmemente comprometido en la defensa y protección del derecho a la vida. Por eso consideramos que el aborto no debe entenderse como un derecho, sino como un fracaso de la sociedad. Por ello, continuaremos desarrollando planes de apoyo a la maternidad para ayudar a aquellas mujeres que quieran ser madres. Estas medidas de ayuda se extienden a todos los ámbitos relacionados con la prevención, ayudas durante el embarazo, ayudas postparto, atención psicológica, seguimiento durante la maternidad, políticas que faciliten su acceso y reincorporación al mercado laboral, medidas de conciliación familiar, una mejor y mayor educación sexual y afectiva y ayudas económicas. Además, queremos garantizar que todas las mujeres embarazadas en situación de dificultad conozcan de manera efectiva todas estas medidas para poder llevar a cabo su embarazo con seguridad, dignidad y apoyo social; así como la más completa información sobre los riesgos del aborto. Por otro lado, impulsaremos que la Inspección de Trabajo vele para que ninguna mujer sea objeto de perjuicio o discriminación laboral por motivo de su embarazo o maternidad en el empleo vigente o en otro al que quiera optar». Este texto, aprobado en el último Congreso en el que se definió la ideología del PP, es plenamente vinculante para mi partido en el momento actual.

5. En Castilla y León, Vox ha actuado con una torpeza inconcebible. Si el protocolo sobre las embarazadas era importante, que para mí lo es, debería haberlo exigido en el acuerdo de Gobierno del año pasado. Si lo consideran importante ahora, en un Gobierno de coalición se hacen las cosas de otra manera, se negocia con el partido mayoritario y no se lanza uno al ruedo sin avisar al socio de Gobierno.

6. La modificación de la ley del aborto promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez, y por los radicales que le tienen intervenido, elimina el periodo de reflexión de tres días y el sobre informativo sobre ayudas a la mujer embarazada (que sólo se dará a petición de la mujer). Parece que los defensores de esta ley no quieren dar a esa mujer que va adoptar una gravísima decisión, de consecuencias irreversibles, una última oportunidad de cambiar de opinión. Se trata de un muy lucrativo negocio para los centros privados que representan el 84,3 por ciento de los abortos y en el que no existe un seguimiento posterior de las posibles secuelas psíquicas del aborto por parte de las clínicas privadas que lo practican.

Y parece que oír el latido de un ser humano indefenso es algo rechazable, al poder influir en la decisión de su madre. No se debe luchar con oscurantismo contra los avances de la ciencia y contra la ecología humana.

7. Los recientes datos sobre el aborto del Ministerio de Sanidad ponen de manifiesto que algunas personas están utilizando el aborto como un anticonceptivo más, lo que, en mi opinión, constituye un verdadero fraude de ley. En el año 2021, 3.935 mujeres abortaron por cuarta, quinta, sexta o más veces. ¿Debe el contribuyente financiar esos abortos repetitivos? No me parece defendible.

En el aborto, como en todos los ámbitos de la vida, la información y la transparencia son la mejor garantía de una elección en libertad.

  • Luis Peral Guerra es economista y abogado

Prohibido rezar

Artículo de opinión publicado por Gari Duran (@gariduran) en El Español (16 de abril de 2022)

En la España de gobierno socialcomunista, donde se demoniza al empresario incluso si su único capital es un taxi, los hay que tienen tanto peso e influencia como para conseguir que se modifique a su antojo el Código Penal por la puerta de atrás. Hablo de empresas privadas que reciben anualmente más de cuarenta millones de euros públicos (sólo de la Comunidad de Madrid, cuatro millones al año) y cuyo único objeto social, lejos de generar riqueza, es la destrucción. La de seres humanos en concreto. Cero retorno.
Me refiero a la red de abortorios privados ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo). Dicha asociación elaboró en 2018 un informe (basado en datos propios y que nadie se molestó en contrastar) en el que denunciaba el «acoso» al que se veían sometidas muchas mujeres que se dirigían a sus centros para que se les realizase un aborto.
El acoso al que aludían era (al parecer) la labor de voluntarios de organizaciones que proporcionan atención e información a las mujeres que se dirigen a esos centros acerca de alternativas que quizás desconocen. Incluso si finalmente toman la decisión de abortar, estas organizaciones se prestan
a darles su apoyo en el traumático trance posterior.
Pero también la labor de personas que, individualmente o en grupos reducidos, deciden rezar en las inmediaciones de estos centros. Gente, en definitiva, que a su entender molesta a sus clientes.
La demanda del lobby abortista encontró en el Ministerio de Irene Montero, pero también en el PSOE, la respuesta que deseaba. Una modificación del Código Penal con el que perseguir estas inoportunas conductas.
Para ello, se añadió un nuevo artículo el que se dice que «el que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad».
Nada que objetar si hablamos realmente de «obstaculizar» una práctica legal.
 Supongamos, incluso, que la ayuda que prestan los voluntarios de las organizaciones «provida» hace que las mujeres que acuden a los abortorios se sientan intimidadas. Se esté o no de acuerdo con esa apreciación, puede tener su lógica.
Sin embargo, los partidos del Gobierno y quienes les apoyan han ido más allá. Rezar, para ellos, entra dentro de esa definición de «actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos», única y exclusivamente porque es su opinión. Por tanto, rezar cerca de uno de esos centros debe conllevar pena de cárcel.


Que esta interpretación atente contra un buen número de derechos recogidos tanto en nuestra Constitución como en la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Carta Europea de Derechos Humanos, o incluso que no se encuentre en toda la legislación europea una prohibición similar, les importa poco.
Para esta ola de integrismo que nos azota desde las instituciones y desde la calle, los derechos esenciales son relativos y dependen de la interpretación que quieran darles o del colectivo al que ofenda su ejercicio.
Para Irene Montero resulta «perverso» hablar de rezar cuando en realidad «están acosando, perjudicando y dificultando el acceso de las mujeres» al derecho al aborto. Para la diputada de Unidas Podemos Marina Velarde «el rezo no es libertad de expresión si el fin que persigue es señalar y coaccionar».
Es decir, aquí lo que se juzga son las intenciones, el sentido subjetivo del rezo. Y con esos mimbres se pretende castigar a alguien con la cárcel.
La realidad es que ahora mismo en España la libertad de expresión, la de reunión, la de pensamiento, la de conciencia y la religiosa ya no son más que meros enunciados vacíos de contenido, sujetos a interpretación y susceptibles de ser revocados por la mera voluntad del legislador o por la fuerza, si tal o cual colectivo lo decide así.
Un día se impide presentar un libro porque ofende a alguien. Otro día lo que molesta es que alguien se manifieste. Al siguiente se censura una película porque vaya usted a saber. Y a partir del martes, se nos prohíbe rezar donde nos dé la gana. Los del negocio del aborto y las que se dedican a descifrar las creencias ajenas lo han decidido así.

¡España, despierta!

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Javier Puente Redondo. Senador por Cantabria del PP y Vice Presidente de “Familia y Dignidad Humana”.

Que los políticos buscan el poder es bien sabido, pero Pedro Sánchez es el único político que no tiene el menor inconveniente en reconocer que no hay absolutamente nada que le importe lo más mínimo al margen de lo que pueda servir para mantenerle en la Moncloa. Naturalmente, resulta asombroso que alguien así haya llegado a ser presidente del Gobierno y eso debiera hacernos pensar: algo estamos haciendo muy mal cuando nuestros votos no sirven para evitar que un personaje sin ningún escrúpulo se disponga a gobernarnos.

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Entrevista ELDIESTRO.ES

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Javier Puente Redondo. Senador por Cantabria del PP y Vice Presidente de “Familia y Dignidad Humana”.

A finales de marzo de 1809, el que fue presidente de los EE. UU., Thomas Jefferson, escribía a un grupo de republicanos lo siguiente: el cuidado de la vida humana y de su felicidad y no su destrucción es la primera y única meta legítima del buen gobierno.

La frase más que significativa en estos tiempos, donde muchos gobiernos occidentales precisamente se dedican a todo lo contrario, hace que figuras como la del entrevistado de hoy, resplandezcan en medio de una cultura de la muerte.

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Celebrada con éxito la III cumbre Transatlántica en Valores

familia

Luis Peral es Economista, Abogado, Ex Diputado Autonómico y Senador del PP, y actualmente Secretario de “Familia y Dignidad Humana”.

(Bogotá, 8 de abril) El viernes 5 de Abril se celebró en la Cámara de representantes de Bogotá (Colombia) la III Cumbre de líderes políticos, bajo el título “Ante el auge de la crisis global, principios sólidos para un futuro mejor”. Es la III cumbre que organiza la Red Política por los Valores (Political Network for Values), tras las celebraciones de la Cumbre de Nueva York en 2014 y de Bruselas en 2017.

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