El apoyo a la familia: una política de Estado

Artículo de Opinión de Luis Peral publicado en el Debate (23 de marzo de 2023)

No sólo el fomento de la natalidad sino otras muchas necesidades familiares dependen de que el apoyo a la familia reciba una adecuada atención dentro del gasto público.

Un avión de combate perseguido por misiles guiados por fuentes de calor debe lanzar señuelos para evitarlos. De igual forma, la izquierda que nos gobierna (por decir algo amable) ha intentado con el debate de las familias numerosas desviar el foco de la opinión pública de sus terribles errores en la ley del ‘sólo sí es sí’, en la ley trans, en el entreguismo al separatismo catalán y a los herederos políticos de ETA, en la nefasta gestión de la Seguridad Social y de los fondos europeos y en tantos otros desaciertos que sin duda le pasarán factura en las diversas elecciones de este año 2023.

De puertas afuera, la izquierda radical y plural menosprecia a la familia, matiza su definición y tiñe de ideología su concepto del grupo humano más primigenio y natural. Ahora bien, cuando se trata de sus propias familias es muy difícil emular el desvelo de algunas personas de esa izquierda en promover su avance económico y social, un desvelo en el que algunos han perjudicado sus propias carreras políticas tras colocar o subvencionar a familiares de sangre o políticos.

Por encima de debates coyunturales y de ocurrencias grotescas (como llamar a la madre de toda la vida «progenitor gestante»), el apoyo a la familia, y en un grado especial a las familias numerosas, debería ser una política de Estado, en la que concurriesen todos los partidos políticos. Es algo imprescindible para hacer frente al reto demográfico, al envejecimiento de la población y a la sostenibilidad del sistema de pensiones, del gasto en sanidad y del estado de bienestar en general.

Así se entendió en Francia, donde, tras décadas de regresión demográfica, se inició en 1938 una política de apoyo a la familia que mantuvieron los sucesivos Gobiernos, cualquiera que fuese su ideología, con resultados muy positivos: la tasa de fecundidad se elevó hasta 2,01 hijos por mujer. Con el presidente socialista François Hollande (2012-2017) ese apoyo a la familia se restringió: se limitaron las subvenciones familiares en función de los ingresos, se redujeron las deducciones fiscales a la familia y los permisos familiares. Sin embargo, la tasa de fecundidad de Francia sigue siendo la más elevada de la Unión Europea, con 1,87 hijos por mujer.

Ilustración: inversion familias
Paula Andrade

También los países escandinavos han apostado por el apoyo a la familia y sus tasas de fecundidad lo acreditan: Suecia 1,76, Dinamarca 1,73 y Noruega 1,56 hijos por mujer (según datos de Eurostat del año 2021). Otros países como Irlanda (1,75 hijos por mujer) mantienen una natalidad elevada. Es destacable cómo varios países que sufrieron la tiranía del comunismo durante más de cuatro décadas están consiguiendo fomentar con éxito la natalidad. Desde 2015 a 2021, la tasa de fecundidad ha aumentado en la República Checa en un 18 por ciento (hasta 1,71 hijos por mujer), en Hungría en un 16 por ciento (hasta 1,55), en Eslovaquia en un 15 por ciento (hasta 1,54) y en Polonia en un 10 por ciento (hasta 1,46).

Frente a estos datos positivos es desolador constatar que la tasa de fecundidad en España ha descendido de 1,32 hijos por mujer en 2015 a 1,26 en 2021, la segunda más baja de la Unión Europea, después de Malta (1,23).

No sólo el fomento de la natalidad sino otras muchas necesidades familiares dependen de que el apoyo a la familia reciba una adecuada atención dentro del gasto público. Según datos de Eurostat del año 2017, las diferencias en este asunto entre los países de la Unión Europea son muy grandes. Mientras Dinamarca destina a familias e hijos un 8,6 por ciento de su gasto público, Polonia un 6,5 por ciento, Suecia un 5 por ciento, Hungría un 4,4 por ciento y Francia un 4,2 por ciento, España es el penúltimo de los 28 países (sólo por delante de Grecia) con un 1,7 por ciento de nuestro gasto público destinado a familias e hijos, menos de la mitad de la media de la Unión Europea (3,8 por ciento).

Revertir el envejecimiento de una nación, evitar el invierno demográfico y garantizar las futuras pensiones y un estado de bienestar sostenible no son objetivos que puedan alcanzarse en un corto plazo. Requieren un esfuerzo mantenido a lo largo de muchos años en el apoyo público a la familia y a la natalidad y que en este compromiso de Estado participen las principales fuerzas políticas de España, sin distinciones ideológicas. Así ocurrió en otros países europeos, donde Gobiernos socialistas impulsaron el apoyo a la familia, comprometidos con el futuro de sus naciones y sin los melindres de género que sufrimos en España.

  • Luis Peral Guerra es economista y abogado

Prohibido rezar

Artículo de opinión publicado por Gari Duran (@gariduran) en El Español (16 de abril de 2022)

En la España de gobierno socialcomunista, donde se demoniza al empresario incluso si su único capital es un taxi, los hay que tienen tanto peso e influencia como para conseguir que se modifique a su antojo el Código Penal por la puerta de atrás. Hablo de empresas privadas que reciben anualmente más de cuarenta millones de euros públicos (sólo de la Comunidad de Madrid, cuatro millones al año) y cuyo único objeto social, lejos de generar riqueza, es la destrucción. La de seres humanos en concreto. Cero retorno.
Me refiero a la red de abortorios privados ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo). Dicha asociación elaboró en 2018 un informe (basado en datos propios y que nadie se molestó en contrastar) en el que denunciaba el «acoso» al que se veían sometidas muchas mujeres que se dirigían a sus centros para que se les realizase un aborto.
El acoso al que aludían era (al parecer) la labor de voluntarios de organizaciones que proporcionan atención e información a las mujeres que se dirigen a esos centros acerca de alternativas que quizás desconocen. Incluso si finalmente toman la decisión de abortar, estas organizaciones se prestan
a darles su apoyo en el traumático trance posterior.
Pero también la labor de personas que, individualmente o en grupos reducidos, deciden rezar en las inmediaciones de estos centros. Gente, en definitiva, que a su entender molesta a sus clientes.
La demanda del lobby abortista encontró en el Ministerio de Irene Montero, pero también en el PSOE, la respuesta que deseaba. Una modificación del Código Penal con el que perseguir estas inoportunas conductas.
Para ello, se añadió un nuevo artículo el que se dice que «el que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad».
Nada que objetar si hablamos realmente de «obstaculizar» una práctica legal.
 Supongamos, incluso, que la ayuda que prestan los voluntarios de las organizaciones «provida» hace que las mujeres que acuden a los abortorios se sientan intimidadas. Se esté o no de acuerdo con esa apreciación, puede tener su lógica.
Sin embargo, los partidos del Gobierno y quienes les apoyan han ido más allá. Rezar, para ellos, entra dentro de esa definición de «actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos», única y exclusivamente porque es su opinión. Por tanto, rezar cerca de uno de esos centros debe conllevar pena de cárcel.


Que esta interpretación atente contra un buen número de derechos recogidos tanto en nuestra Constitución como en la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Carta Europea de Derechos Humanos, o incluso que no se encuentre en toda la legislación europea una prohibición similar, les importa poco.
Para esta ola de integrismo que nos azota desde las instituciones y desde la calle, los derechos esenciales son relativos y dependen de la interpretación que quieran darles o del colectivo al que ofenda su ejercicio.
Para Irene Montero resulta «perverso» hablar de rezar cuando en realidad «están acosando, perjudicando y dificultando el acceso de las mujeres» al derecho al aborto. Para la diputada de Unidas Podemos Marina Velarde «el rezo no es libertad de expresión si el fin que persigue es señalar y coaccionar».
Es decir, aquí lo que se juzga son las intenciones, el sentido subjetivo del rezo. Y con esos mimbres se pretende castigar a alguien con la cárcel.
La realidad es que ahora mismo en España la libertad de expresión, la de reunión, la de pensamiento, la de conciencia y la religiosa ya no son más que meros enunciados vacíos de contenido, sujetos a interpretación y susceptibles de ser revocados por la mera voluntad del legislador o por la fuerza, si tal o cual colectivo lo decide así.
Un día se impide presentar un libro porque ofende a alguien. Otro día lo que molesta es que alguien se manifieste. Al siguiente se censura una película porque vaya usted a saber. Y a partir del martes, se nos prohíbe rezar donde nos dé la gana. Los del negocio del aborto y las que se dedican a descifrar las creencias ajenas lo han decidido así.

Hijos del Pin

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Gari Durán, Ex Senadora, Portavoz de “Familia y Dignidad Humana”, y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO de Baleares.

Las noches en vela, los gastos que crecen, la preocupación en esa sala de urgencias de un hospital, la angustia de las salidas nocturnas, el lidiar con los silencios o con los reproches, ese vínculo de por vida, el amor incondicional, nada de eso nos hace propietarios de nuestros hijos, cierto, pero ese no es el debate.

No es lo que se plantea con el pin parental, aunque viendo la desproporcionada reacción de la izquierda y la ultra izquierda en el poder –sí, ya sé, también cortina de humo–, a una le dan ganas de reivindicar todo lo anterior y decir que sí, que los hijos son suyos, aunque para la mayoría de los méritos una no tenga las facturas.

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Entrevista ELDIESTRO.ES

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Javier Puente Redondo. Senador por Cantabria del PP y Vice Presidente de “Familia y Dignidad Humana”.

A finales de marzo de 1809, el que fue presidente de los EE. UU., Thomas Jefferson, escribía a un grupo de republicanos lo siguiente: el cuidado de la vida humana y de su felicidad y no su destrucción es la primera y única meta legítima del buen gobierno.

La frase más que significativa en estos tiempos, donde muchos gobiernos occidentales precisamente se dedican a todo lo contrario, hace que figuras como la del entrevistado de hoy, resplandezcan en medio de una cultura de la muerte.

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100% madre

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Gari Durán, Ex Senadora, Portavoz de “Familia y Dignidad Humana”, y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO de Baleares.

Que no le gusta al Gobierno valenciano. Que a progres y nacionalistas les desagrada que el Corte Inglés nos pinte, el día del ídem, como una madre 100% abnegada. Que eso sustenta “un modelo de maternidad patriarcal” y que merece abrir un expediente a los grandes almacenes de toda la vida, por si acaso su campaña supone una “infracción de las normas de protección de las personas consumidoras” (antes llamadas consumidores).

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