Más de 20 entidades del ámbito educativo y social presentan un escrito al Defensor del Pueblo solicitando la inconstitucionalidad de la Ley.

Madrid, 7 de noviembre de 2016. Un numeroso grupo de entidades de la sociedad civil ha presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo solicitando la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, por entender que la misma adolece de vicios de inconstitucionalidad claros y manifiestos.

El escrito pone en evidencia las vulneraciones que la citada Ley hace de distintos derechos reconocidos en la Constitución Española, como el derecho a la igualdad (art. 14 CE), el derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE), el derecho a la protección de la salud (art. 43.1 CE), el deber de prestar asistencia de todo tipo a los hijos (art. 39.3 CE), el derecho de libertad de expresión (art. 20 CE), el derecho de presunción de inocencia (art. 24.2 CE), el de seguridad jurídica(art.9.3 CE) , el derecho de tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), el derecho de educación (art. 27 CE) o el derecho a la libertad ideológica y religiosa (art. 16.1CE), entre otros muchos.

Así, más allá de opiniones personales, el escrito recoge numerosa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, donde se reconocen diversos derechos que los redactores del escrito entienden que la Ley LGTBI de la Comunidad de Madrid vulnera, como “el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación acorde con sus propias convicciones”, “el deber del Estado de garantizar la neutralidad ideológica en los centros escolares públicos”, “el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos independientemente de su orientación sexual”, así como “el derecho a la autonomía del paciente” entre otros.

Las asociaciones y entidades de la sociedad civil firmantes de la petición, que representan a miles de personas en la Comunidad de Madrid y en toda España en el ámbito de la educación, la familia y los derechos civiles, inciden en que “con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación sexual (objetivo que evidentemente compartimos)”, la Ley LGTBI de la Comunidad de Madrid aprovecha para imponer una determinada ideología, la ideología de género, como una visión propia y única sobre la persona, la familia y la sexualidad, sancionando a todos aquellos que no la compartan, suponiendo esto un grave atentando contra la libertad.

En base a todo lo anterior, además de la petición de presentación del recurso de inconstitucionalidad, los firmantes de la petición solicitan al Defensor del Pueblo que solicite la suspensión cautelar de numerosos artículos de la Ley LGTBI de la Comunidad de Madrid, por afectar y vulnerar los Derechos Fundamentales y constitucionalmente reconocidos, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto.

Entidades que se adhieren al escrito al Defensor del Pueblo:

Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, Federación Europea One Of Us, Asociación Europea de abogados de familia, Asociación Familia y Dignidad Humana, Fundación Valores y Sociedad, Instituto de Política Familiar, Asociación Profesionales por la Ética,  Federación Española de Asociaciones Provida, Asociación Hazteoir.Org, Fundación Jérôme Lejeune, Fundación Madrina, entre otras.