Jose Eugenio Azpiroz, Ex Diputado y socio de «Familia y Dignidad Humana»

En la actualidad en cincuenta y ocho países del mundo se encuentra vigente la pena de muerte. Según Aministía Internacional, en  “Datos y cifras de 2013”, en ese año se produjeron al menos 778 ejecuciones en veintidós países reconociendo que está cifra está muy alejada de la real ya que se carecen de datos fiables de algunos países, como Irán, o simplemente no se tienen datos como en el caso de los millares de asesinados en China o Corea del Norte. Si nos referimos a naciones como Estados Unidos vemos que en 2013 se produjeron ochenta condenas y treinta y nueve ejecuciones. Junto a tan trágicos datos no puede olvidarse el positivo de ciento cuarenta naciones, más del 70%, que podemos llamar abolicionistas bien en su legislación, en su práctica o en ambas. En 2014 se redujeron las ejecuciones aunque en 2015, con las salvedades ya expresadas, ascendieron a 1.634 personas ejecutadas. La cuestión es que en nuestro país la pena de muerte fue abolida, incluso para el caso de tiempos de guerra, mediante la Ley Orgánica 11/1995 de 27 de noviembre que obtuvo el apoyo de todos los grupos parlamentarios y el de quien suscribe que tuvo la fortuna de poder hacerlo; ello se tradujo en la eliminación a toda mención a la pena de muerte en nuestro ordenamiento jurídico, especialmente en el Código Penal Militar. Como veremos, ello no ha resultado todavía así en nuestra Constitución.

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